El Delegado de Protección de Menores es una figura regulada en España principalmente a partir de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esta ley refuerza los derechos de los menores y establece medidas para prevenir, detectar y actuar frente a cualquier forma de violencia que pueda afectarles.
Es una persona designada por organizaciones, entidades o instituciones que trabajan con menores de edad para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, seguridad y prevención establecidas en la legislación. Su rol principal es velar por la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el entorno de dicha institución.
La Ley 8/2021 establece que entidades que realicen actividades con menores (como centros educativos, clubes deportivos, asociaciones juveniles, etc.) deben designar a un delegado o responsable de protección. Este debe ser una persona con formación específica en materia de protección infantil y adolescente.
Diseñar y supervisar protocolos de protección de menores: elaborar o implementar protocolos específicos para prevenir y detectar situaciones de violencia o abuso, y garantizar su cumplimiento en la organización.
Coordinar medidas preventivas: supervisar que todos los trabajadores, voluntarios y demás personas vinculadas a la organización que tengan contacto con menores cumplan con las normativas, incluidos los requisitos de ausencia de antecedentes penales por delitos sexuales.
Sensibilizar y formar al personal: promover la formación y concienciación sobre la protección de menores para todos los implicados en la institución, e informar sobre cómo actuar en caso de sospecha o conocimiento de situaciones de riesgo o violencia.
Colaborar con las autoridades competentes: informar a los organismos públicos o autoridades pertinentes de cualquier indicio de violencia o riesgo para un menor, y facilitar las investigaciones necesarias en caso de incidentes.
Revisar y actualizar las políticas de protección: garantizar que las políticas de protección estén alineadas con la normativa vigente y las mejores prácticas, y actualizarlas ante cambios legislativos o necesidades detectadas.
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